La Ley 21.663 establece dos grandes categorías de entidades sujetas a obligaciones:
Prestadores de Servicios Esenciales (PSE):
Instituciones públicas o privadas cuya interrupción podría afectar la vida, seguridad, economía o abastecimiento del país. Ejemplos: ministerios, municipalidades, servicios públicos, empresas eléctricas, sanitarias, de transporte, telecomunicaciones, banca, salud o proveedores tecnológicos.
Importante: la ley no establece un listado cerrado de PSE. Cada organización debe analizar sus funciones y servicios para determinar si se encuentra dentro de las categorías definidas como servicios esenciales según la Ley 21.663. Además, incluso si una empresa no es PSE, sus clientes o socios podrían serlo, lo que implicará exigencias indirectas de cumplimiento y ciberseguridad.
Operadores de Importancia Vital (OIV):
Son entidades —públicas o privadas— cuya afectación impactaría la seguridad pública o el funcionamiento del Estado. La ANCI publicó en septiembre de 2025 la nómina preliminar de OIV, actualmente en consulta pública hasta el 16 de octubre, paso previo a su lista definitiva.