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Ley Marco de Ciberseguridad 21.663 ¿está tu empresa preparada?

¿Qué es la Ley 21.663?

La Ley 21.663, también conocida como la Ley Marco de Ciberseguridad en Chile, fue promulgada en abril de 2024 y entró en vigencia el 1 de enero de 2025, marcando un hito en la regulación de la ciberseguridad a nivel nacional y regional. Esta normativa creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y el CSIRT Nacional, estableciendo un marco obligatorio para la protección de la infraestructura crítica de la información. Desde el 1 de marzo de 2025, la ley exige a las organizaciones el reporte obligatorio de incidentes de ciberseguridad, habilita procesos de fiscalización y aplica un régimen de sanciones que puede alcanzar multas de hasta USD 2,5 millones, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. La Ley N° 21.663 refuerza la seguridad digital del país y redefine las responsabilidades de las empresas en la protección de sus sistemas, datos y continuidad operativa.

¿A quién aplica esta ley?

La Ley 21.663 establece dos grandes categorías de entidades sujetas a obligaciones:

Prestadores de Servicios Esenciales (PSE): Instituciones públicas o privadas cuya interrupción podría afectar la vida, seguridad, economía o abastecimiento del país. Ejemplos: ministerios, municipalidades, servicios públicos, empresas eléctricas, sanitarias, de transporte, telecomunicaciones, banca, salud, o proveedores tecnológicos.

Importante: La ley no establece un listado cerrado de PSE. Cada organización debe analizar sus funciones y servicios para determinar si se encuentra dentro de las categorías definidas como servicios esenciales según la Ley 21.663. Además, incluso si una empresa no es PSE, sus clientes o socios podrían serlo, lo que implicará exigencias indirectas de cumplimiento y ciberseguridad.

Operadores de Importancia Vital (OIV): Son entidades —públicas o privadas— cuya afectación impactaría la seguridad pública o el funcionamiento del Estado. La Agencia Navional de Ciberseguridad (ANCI) publicó en diciembre de 2025 la nómina definitiva de OIV.

Obligaciones generales para entidades reguladas

Registro y notificación de incidentes: Las entidades deben reportar al CSIRT Nacional, bajo la supervisión de la ANCI, todo incidente o ciberataque que pueda afectar la continuidad o seguridad de sus servicios. 

Planes de continuidad y recuperación: Deben contar con planes de continuidad operativa y de ciberseguridad para asegurar la prestación de servicios esenciales ante incidentes. 

Cooperación con la ANCI y organismos sectoriales: Las organizaciones deben entregar información, someterse a fiscalización y seguir los protocolos que establezca la Agencia Nacional de Ciberseguridad. 

Exigencias específicas para los OIV

Ser designado Operador de Importancia Vital implica un mayor nivel de responsabilidad y control, incluyendo: 

-Sistema de gestión de la ciberseguridad conforme a los estándares que definirá la ANCI. 

-Planes de continuidad y resiliencia con pruebas y revisiones periódicas. 

-Ejercicios y simulacros regulares para evaluar la eficacia de las medidas. 

-Respuesta inmediata ante incidentes para contener y mitigar impactos. 

-Comunicación a la ciudadanía cuando el incidente pueda afectar a terceros, en coordinación con la ANCI. 

-Designación de un responsable de ciberseguridad como punto formal de contacto con la Agencia. 

Por qué importa estar preparado

Ser OIV no es solo un reconocimiento, sino una obligación regulatoria de alto impacto: requiere inversiones, cumplimiento normativo y capacidad de respuesta continua. Además, aunque tu empresa no sea OIV, si atiendes o provees servicios a una entidad que sí lo es, se te exigirán estándares equivalentes de seguridad y trazabilidad. 

La propuesta de Netsus

Netsus 360 es nuestro nuevo servicio diseñado para responder a los desafíos que plantea la Ley Marco de Ciberseguridad. Se trata de una plataforma integral que unifica gestión TI, observabilidad en tiempo real, ciberseguridad gestionada 24/7, compliance y resiliencia operativa en un solo servicio, asegurando que cada dispositivo, usuario y dato estén siempre protegidos y bajo control, con un costo accesible y adaptable a la realidad de cada empresa. .

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