Los ataques de ransomware registrados en Chile entre 2021 y 2022 generaron impactos profundos y, en muchos casos, silenciados. Diversas organizaciones enfrentaron interrupciones operativas por días, pérdida de acceso a sistemas críticos, caídas de servicios públicos y filtración de información confidencial. Casos reales —como los incidentes que afectaron a la Universidad de Atacama, Gendarmería y el Registro Civil, municipios como Valdivia y empresas de sectores salud, logística y telecomunicaciones— evidenciaron lo transversal del riesgo. Varias instituciones debieron restaurar operaciones manualmente, otras enfrentaron pérdida de confianza de clientes, costos legales por exposición de datos personales y gastos elevados asociados a restauración, contención y pagos de rescate. En conjunto, estos ataques demostraron que el ransomware tiene la capacidad de paralizar organizaciones completas y comprometer tanto su continuidad operativa como su reputación.