Las empresas deben estar preparadas para contener y mitigar rápidamente un incidente, reduciendo su impacto operativo y reputacional.
Se exige coordinación activa con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y los CSIRT sectoriales, incluyendo el reporte oportuno de incidentes.
La ciberseguridad debe integrarse desde el inicio en sistemas, procesos y servicios, no añadirse después como medida correctiva.
Las organizaciones deben demostrar capacidad real de gestión, monitoreo y documentación ante la autoridad.
Alcance de la ley
Diseñamos e implementamos soluciones de seguridad —accesos, cifrado, respaldo, monitoreo de eventos, trazabilidad— sin que tengas que invertir en infraestructura propia.
Monitoreo continuo y equipos preparados para responder rápidamente a amenazas, minimizando daños y tiempos de respuesta.
Detectamos y corregimos brechas, aseguramos respaldos confiables y diseñamos planes de recuperación ante eventos críticos.
Accede a tecnología y expertos de nivel enterprise mediante un modelo de servicio flexible y escalable.
Sobre la Ley Marco de Ciberseguridad
Es la normativa chilena que establece principios, obligaciones y estándares para fortalecer la ciberseguridad del país, creando además una institucionalidad encargada de supervisar su cumplimiento.
Aplica a organismos públicos y a entidades privadas consideradas operadores de importancia vital o que prestan servicios esenciales, según lo determine la autoridad.
Exige implementar medidas de gestión de riesgos, controles de seguridad, monitoreo continuo, planes de respuesta ante incidentes y reportar ciertos eventos de ciberseguridad a la autoridad competente.
Cualquier evento que afecte la confidencialidad, integridad o disponibilidad de sistemas, datos o servicios digitales, especialmente si impacta la continuidad operacional o servicios esenciales.
Sí. Las entidades obligadas deben notificar incidentes relevantes dentro de los plazos establecidos por la ley y la regulación complementaria.
La ley establece sanciones administrativas que pueden incluir multas, dependiendo de la gravedad de la infracción y del impacto del incidente.
A través de una estrategia integral que incluya evaluación de riesgos, implementación de controles de seguridad, monitoreo continuo, capacitación y planes de respuesta ante incidentes, idealmente con el apoyo de un partner especializado.
